Representantes de FENATIP ante el Tribunal Supremo de Brasil en agosto de 2025
por Monica Hruby, presidenta de ATP-Rio y FENATIP
Brasil, el único país lusófono y el más extenso y poblado de Sudamérica, se distingue por su sistema de traducción pública (oficial), establecido hace más de 250 años y regulado por un detallado decreto ley de 1945. Es loable que, a pesar de sus frecuentes escándalos de corrupción, el sistema de tradução juramentada se mantenga intacto y sea respetado internacionalmente. El tradutor juramentado (traductor público) se considera una figura que merece fe pública.
El acceso a esta profesión es riguroso: aprobar un exigente concurso público oral y escrito. En la última convocatoria de Río de Janeiro, solo el 5 % aprobó, teniendo además que presentar documentación exhaustiva de sus antecedentes al órgano regulador para obtener su matrícula.
Como funcionarios públicos, son civil y penalmente responsables por su trabajo. No hay exenciones de responsabilidad ni declaraciones juradas de «mejor esfuerzo». El escudo de armas de Brasil, incluido en cada traducción pública, subraya la seriedad y naturaleza pública del ejercicio profesional.
Sin embargo, una maniobra legislativa puso en jaque a este sistema de larga data. Un proyecto de ley para modernizar la ley promulgada hace 80 años incorporó una cláusula que facultaba al gobierno para anular el examen público y registrar solo con un certificado de dominio de idiomas, sin considerar experiencia en traducción, conocimientos legales o cualificaciones recientes. Incluso un certificado muy antiguo habría sido válido según la nueva ley.
Once asociaciones de profesionales de la traducción pública se unieron, primero como Juramentados Unidos y después como Federación Nacional (FENATIP), para impugnar esta ley ante diversos tribunales. El caso llegó al Tribunal Supremo de Brasil, a riesgo de ser eclipsado por asuntos políticos de alto perfil.
Aprovechando este momento crítico, FIT LatAm intervino: en agosto de 2025, envió una carta formal al presidente del Tribunal Supremo de Brasil en la que argumentó que evaluar únicamente el dominio de idiomas es insuficiente para certificar la competencia en traducciones oficiales. Además, advirtió que menoscabar la confianza pública «supone una seria amenaza para la soberanía del país».
En su Congreso Estatutario en septiembre, la FIT reivindicó esta postura con la Resolución XXIII: condena los intentos de desregulación que socavan salvaguardas esenciales, como rendición de cuentas, trazabilidad e integridad de los sistemas de traducción oficial. Subrayó que reformas que prometen eficiencia de costos y flexibilidad pueden comprometer la seguridad jurídica, el debido proceso y la fiabilidad de marcos legales nacionales e internacionales, particularmente en contextos judiciales, de registro civil, contractuales, migratorios y de adquisiciones.
La acción concertada de FIT LatAm y la FIT —cartas, resoluciones y diálogo a nivel internacional— ha demostrado de forma inequívoca que Brasil cuenta con apoyo en esta batalla. Por todo ello, expresamos nuestro profundo agradecimiento.