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por la directiva de la SFT
En Francia, profesionales de la traducción y la interpretación judicial contribuyen al buen funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, durante mucho tiempo, sus condiciones de pago permanecieron sin una regulación clara, con plazos que podían extenderse durante meses o incluso años.
Esta situación lleva tiempo movilizando a la Société française des traducteurs (SFT), organización sindical nacional de profesionales de la traducción y la interpretación en Francia. Ya en 2025, la SFT impulsó una campaña para concientizar al personal parlamentario sobre la necesidad de un marco legal que regule las condiciones y plazos de pago de las personas colaboradoras ocasionales del servicio público (COSP). A comienzos de 2026, el debate sobre la propuesta de ley n.º 2349 dio un nuevo impulso a esta iniciativa. Adoptada por el Senado el 14 de enero, la propuesta fijaba un plazo máximo de 180 días para pagar al personal de peritaje judicial. Aunque se presentó como un avance, esta disposición corría el riesgo de institucionalizar plazos excesivos y precarizar a especialistas clave para la Justicia, por lo que la SFT exigió reducir el plazo a 30 días o eliminar la propuesta.
Ante esta situación, la SFT reactivó su guía parlamentaria para apoyar una nueva movilización al Congreso; convocó tanto a sus miembros como a profesionales no asociados a concientizar a las y los congresistas de sus respectivas circunscripciones sobre el impacto de estos prolongados plazos de pago.
El 29 de enero, la SFT también lanzó una petición que exigía un plazo máximo de 30 días a partir de la entrega de la cuenta de gastos; estrategia que se sumó a una acción más amplia, impulsada conjuntamente con otras organizaciones profesionales de los sectores de la traducción, la interpretación y el peritaje judicial.
En mayo, la SFT coordinó un comunicado conjunto suscrito por otras ocho organizaciones profesionales, en el que se alertaba sobre cómo un plazo de hasta 180 días pondría en riesgo permanente el sustento de las y los peritos, afectando además el funcionamiento del servicio público de Justicia.
Esta movilización colectiva impulsó el debate parlamentario. El 3 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda con un calendario progresivo para reducir a 30 días el plazo de pago de cuentas de gastos judiciales tras su registro en la plataforma Chorus: 60 días hasta finales de 2027, 45 días a partir de 2028 y 30 días a partir de 2029, con intereses de mora por retraso.
Para la SFT, este logro es un avance importante, ya que reconoce la necesidad de garantizar al personal de traducción e interpretación judicial condiciones de pago acordes a su realidad económica, y demuestra el valor de una acción sindical sostenida que combina diálogo institucional, acción parlamentaria y trabajo colectivo.
Como el proceso legislativo sigue en curso, la SFT mantendrá un seguimiento para consolidar estos avances y lograr que las condiciones de pago del personal de peritaje judicial reconozcan, por fin, su contribución esencial en la Justicia.